6 ene. 2019

Los inconvenientes tributarios de una sucesión


Muchas veces encontramos en el testamento la mejor forma de organizar el patrimonio para nuestros clientes o herederos, pero es una decisión que puede traer muchos problemas con la DIAN.

Para efectos prácticos, y mejor entendimiento de los lectores, hay dos tipos de sucesión: la primera, en la cual el propietario del patrimonio hace un testamento antes de morir siguiendo ciertas reglas legales para la disposición de los bienes y derechos; y la segunda, donde el propietario del patrimonio no hace ningún testamento antes del morir, entonces el patrimonio en su totalidad se reparte según la ley con los herederos disponibles. Cualquiera de las dos situaciones deriva en un proceso sucesoral con el fin de adjudicar los bienes, derechos y deudas entre los posibles herederos.

Cuando una sucesión supera las 700 UVT ($23.989.000 en el 2019), cifra irrisoria por cierto, el notario o juez que lleve a cabo el proceso de sucesión debe notificar a la DIAN para que haga parte del proceso, situación que es muy peligrosa, ya que las personas naturales, generalmente, como no contratan una asesoría especializada para gestionar sus problemas ni sus declaraciones de renta tienen muchas inconsistencias en su información tributaria, situación que da pie a que la DIAN fácilmente sancione de manera cuantiosa la sucesión ilíquida y, los herederos van a ver gravemente menguadas sus expectativas patrimoniales.

¿Por qué sucede esto? Cuando usted inicia un proceso de sucesión básicamente está invitando a la DIAN a que lo revise. Los grandes patrimonios de las sucesiones, incluso antes de la muerte del propietario del patrimonio, se caracterizan por tributar no por sus ingresos sino por la renta presuntiva, figura que es una ficción legal, que consiste en castigar a las personas que tienen muchos activos pero no tienen una producción de ingresos proporcional a su valor; es decir, hay muchas personas naturales que tienen gran cantidad de bienes producto de toda una vida de trabajo, en los cuales hay fincas de recreo, apartamentos, vehículos, entre otros; pero en la mayoría de los casos son bienes que no producen o producen muy pocos ingresos, y como consecuencia deben pagar impuestos. Es por esa razón de la renta presuntiva, figura que por cierto no existe en muchos países, que alguien que tribute en Colombia y esté medianamente asesorado nunca acumula patrimonio en nuestro país, sino que intenta sacarlo a toda costa a otras jurisdicciones; por eso en nuestro país no es muy común ver bienes como yates, aviones privados, ni marcas de lujo internacionales. El Estado castiga gravemente al propietario de esos bienes.

Entonces, cuando la DIAN revisa el valor de los bienes, derechos y obligaciones de la sucesión, empieza a mirar retroactivamente si el patrimonio que poseía el causante (propietario del patrimonio) antes de su muerte coincide con el patrimonio registrado en las declaraciones anteriores (cuando estaba vivo); en ese momento es cuando la DIAN se da cuenta de situaciones como, por ejemplo: supongamos que en el 2018 el contribuyente declaró un patrimonio de 100 millones de pesos para pagar menos impuestos, aunque el patrimonio real eran 1.500 millones de pesos, pero el contador recomendó que declararan ese valor ya que a una persona natural difícilmente la investiga la DIAN. Pero en el 2019, cuando se inicia la sucesión, como se van a repartir 1.500 millones de pesos y no 100 millones, 1.500 millones son los que van a figurar en el proceso de sucesión; situación perfecta para que la DIAN ordene modificar las tres últimas declaraciones (2018, 2017 y 2016) pagando los impuestos respectivos e interponiendo graves sanciones sobre el patrimonio de la sucesión que aún no está adjudicada a los herederos, y muchas veces, reduce tanto el patrimonio disponible que un gran porcentaje de la herencia se termina desperdiciando, más aun cuando los bienes que la componen no son activos corrientes, es decir, hay que salir a venderlos para obtener liquidez; y al final de todo, los herederos solo observan como se esfuma de las manos sus intereses patrimoniales sin que puedan hacer nada. La situación anterior es mucho más grave cuando la DIAN descubre que con ese valor de patrimonio (1.500 millones) no se había declarado renta durante los últimos años, hecho que le da la facultad para obligar a presentar las declaraciones de los últimos cinco años, pagando los respectivos impuestos con una sanción mucho más onerosa (no es igual de grave declarar renta con verdades a medias, que no declarar). Y para acabar de rematar, sobre lo que reciban los herederos de la sucesión después de las sanciones, deben pagar un 10 % como impuesto al Estado, quedando identificados como potenciales declarantes por renta presuntiva en periodos futuros.

En conclusión, el que se cree un exitoso evasor cuando estaba vivo en realidad le traslada el problema a sus herederos cuando este muerto.

Ante el anterior panorama, el causante de la sucesión (el dueño del patrimonio) tiene dos opciones antes de empezar la sucesión, si puede preverlo antes de morir: la primera, ordenar al responsable de la sucesión que audite y corrija las declaraciones antes de iniciar el proceso de sucesión; la segunda, buscar alternativas que permitan más flexibilidad para disponer del patrimonio, menos complejidad jurídica que una sucesión, y más importante, que permitan evitar llamar la atención de la DIAN. Estas pueden ser usufructos, fideicomisos, fiducias o sociedades, y aunque todas las anteriores instituciones jurídicas son más prácticas, si no se utilizan o estructuran adecuadamente pueden terminar siendo más perjudiciales tributariamente que la misma sucesión.